El aborto aún hoy pareciera ser un tema tabú. Se discute poco, se opina mucho y generalmente hay personas que no se sentarían a discernir del tema.

La despenalización del aborto es un asunto pendiente de todos los gobiernos hasta ahora y es un tema que atraviesa a los partidos políticos y la población.

El resultado que se obtiene con la penalización es poner en riesgo a aquellas mujeres, más que nada de sectores de clase baja, que al no querer  continuar con su embarazo arriesgan sus vidas, sometiéndose a una intervención quirúrgica clandestina.

La ley culpa y criminaliza a las mujeres pero no evita la práctica. Según el Ministerio de Salud de la Nación unas 460.000 mujeres al año ponen en peligro su existencia haciendo uso de los distintos métodos clandestinos de aborto. ¿Acaso nos ponemos a pensar qué fue lo que llevó a esa mujer a no querer dar a luz a su hijo? Puede ser que al tenerlo ponga en peligro su vida, que el bebé estuviera destinado a sufrir alguna enfermedad irreversible o haya padecido una violación.

La justicia no está dirigida a los médicos

o curanderos que llevan a cabo la interrupción del embarazo, sino a las mujeres que ante la desesperación, aceptan cualquier vía de escape para poner fin al sufrimiento de una concepción no deseada. Es como perseguir al consumidor de drogas, pero no ocuparse de apresar a  quién las suministra.

Los Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), en un informe sobre Derechos Humanos en Argentina 2011, indica que ningún médico ha sido condenado en los últimos años por el delito de aborto. La ley debe ser modificada o debe despenalizarse. Si la justicia no persigue el delito ¿Vamos a continuar como sociedad culpando a las mujeres, que ante la amenaza de ser detenidas siguen poniendo en riesgo su salud?

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, llamó a implementar en todas las aulas del país la educación sexual integral, con enfoque de derechos y perspectiva de género. Sileoni criticó duramente a los sectores conservadores que impiden su implementación en algunas jurisdicciones. La ley establece que debe dictarse desde el nivel inicial, tanto en escuelas públicas como privadas, laicas y confesionales. Muchos colegios hacen oídos sordos por eso debemos exigirlo, para que los embarazos en adolescentes puedan prevenirse.

La educación sexual integral.

La despenalización del aborto, la entrega de anticonceptivos gratuitos por parte de los hospitales y la posibilidad de acceder a la llamada pastilla del “día después”, son también algunas formas de proteger la vida y la salud de la mujer. Lograr que los sectores más conservadores no imposibiliten el acceso a estos métodos preventivos es nuestra tarea como sociedad, porque pareciera que ningún gobierno se anima a enfrentarlos.

En el congreso se debate sobre el tema, pero la pelea de intereses pueden más y no se le puede dar una solución, al menos hasta ahora.

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