Colombia: La lucha indígena y campesina por la tierra

Decía el abogado, líder sindicalista y agrario, Diego Montaña Cuellar, que «el problema indígena para nosotros es en América Latina la raíz y la esencia del problema de la tierra» (Asociación de Historiadores Javerianos: El problema agrario en Colombia, Bogotá, 1985, págs. 51-79 ), ya que al crear la corona española el concepto de que la tierra es propiedad del reino, en un mundo donde no existía la propiedad privada, se constituyeron los semifeudales resguardos y encomiendas, verdaderos latifundios adjudicados a privilegiados españoles o a comunidades religiosas, con repartimientos de indígenas, a pesar de la bula Sublimus Dei del papa Pablo III de 1537, en la que se declara a los indígenas como hombres, no esclavos, y con alma, pero sometidos a un régimen de servidumbre, lo que permitía contar con mano de obra forzada y producir los alimentos y carne necesarios para suplir las ciudades de los blancos, al igual que las minas de oro, trabajadas también inicialmente con los indígenas, pero ante su declinar poblacional, éstas fueron trabajadas por esclavos negros traídos del África, para extraer el principal producto de exportación a España, en  la época de la Colombia colonial: el  oro.

Así, poblaciones indígenas de la zona andina, prioritariamente, agrupadas por España en resguardos y encomiendas, instituciones criticadas por personajes como el padre Las Casas, estuvieron al arbitrio y al abuso de los señores encomenderos que múltiples veces los trataban como esclavos, dentro del concepto de que las leyes son concertadas y «se obedecen pero no se cumplen», o bajo el mando de nuevos adjudicatarios que los movilizaban de un sitio a otro según sus intereses de grandes propietarios de haciendas en formación, cuando se fueron desmontando esas agrupaciones coloniales semifeudales de los resguardos y encomiendas, desde inicios del siglo XVIII, y luego, aceleradamente, desde el siglo XIX, durante los gobiernos liberales, dándose también una feria de adjudicación de tierras consideradas baldías, con indígenas incluidos, constituyendo un modelo de exportación capitalista basado en  el tabaco, el café, y en las nacientes navegación a vapor por el río Magdalena hasta Barranquilla, y mediante las líneas ferrocarrileras alimentadoras, dirigidas hacia dicho río, y posteriormente al puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico desde 1915. Estos hechos se dieron en fértiles tierras cercanas a las principales ciudades de la zona andina colombiana, y los baldíos, en tierras marginales a las fronteras agrícolas o sobre los antiguos ejidos coloniales, o tierras comunales, vecinas a las ciudades.

A partir de entonces, en la zona andina colombiana, se ha dado una sola lucha por la tierra, acaparada por unos pocos y reclamada por campesinos e indígenas, mientras una gran población de despojados y marginados se viene agrupando en los tugurios de las principales ciudades colombianas, en medio de una violencia creciente que desemboca  durante los siglos XX y XXI en guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y luchas sociales, moduladas por intervenciones estatales que han buscado, sin conseguirlo, racionalizar una política agraria, enfocada fundamentalmente en crear una industria capitalista de exportación, que siempre ha favorecido a las élites políticas y a los gamonales regionales del país, sin ocuparse, prácticamente, de incentivar un  modelo de producción campesina de pancoger en pequeñas granjas individuales o comunales. Sorprendentemente, el presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) en la época del presidente Belisario Betancur, 1982-1986, Carlos Ossa Escobar, decía que «la política económica general del Estado ha discriminado contra el campo… ha empobrecido a los campesinos al no permitir precios justos… ni un mercado asegurado» (Asociación de Historiadores Javerianos: El problema agrario en Colombia, Bogotá, 1985, pág. 122).

Con base en una cita de Kalmanovich, de 1989, la autora Diana Marcela Morales, en  su tesis de grado La cuestión de la tenencia de la tierra en Colombia: Una revisión histórica a sus horizontes de intervención, presentada al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes para el título de Maestría en 2016, comenta que: «La uniformidad en la dirección de las élites nacionales fue notoria en su apuesta por una sociedad capitalista que desarrollara los presupuestos del sistema internacional, que ya se unificaba en torno a la dinámica de producción de mercancías, y la conexión mundial del comercio de bienes y servicios».

En los años de 1920 se profundizaron las luchas reivindicatorias por la tierra, cuando el café de exportación tomó vuelo y se recibió de los EE. UU. los 25 millones de dólares de indemnización por la pérdida de Panamá. Entonces, se constituyen varias empresas  de exportación al mercado mundial, se crea el Partido Socialista Revolucionario que  contribuye a la huelga de las bananeras, mientras ocurre el frustrado golpe de los bolcheviques del Líbano en el Tolima y el indígena Quintín Lame recorre muchas regiones pidiendo tierra para los indígenas, mientras campesinos en diversas zonas  del departamento de Cundinamarca invaden tierras baldías, roturadas por ellos mismos en conflicto con los propietarios de haciendas donde trabajan en calidad de  «arrendatarios semifeudales» mediante contratos verbales inestables, que incluyen trabajo semanal en las tierras del patrón, o como aparceros que se reparten con  el patrón las utilidades producto del trabajo campesino.    

Es la hora, entonces, del peruano José Carlos Mariátegui quien alega en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana:«No renegamos, propiamente de la herencia española; renegamos la herencia feudal», ya que «un concepto moderno de la escuela coloca en la misma categoría el trabajo manual y el trabajo intelectual», puesto que «cuando sobre los hombros de una clase productora, pesa la más dura opresión económica, se agrega aún el desprecio y el odio de que es víctima como raza, no falta más que una comprensión sencilla y clara de la situación, para que esta masa se levante como un solo hombre y arroje todas las formas de explotación». Y concluye: «La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Este concepto conduce a ver en la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico».

Finalizando el siglo XX , en Colombia, la autora citada, Diana Marcela Morales, comenta en su  trabajo, pág. 33, con base a una cita del historiador Medófilo Medina, de 1990, que el paramilitarismo en Colombia se expandió desde el  Magdalena medio, siendo «más que un todo cohesionado, una federalización de  ejércitos privados al servicio del capital legal e ilegal, con apoyo del Estado en su labor de  consolidación territorial… que las guerrillas acompañaron ese proceso… legitimándose vía creación de impuestos para retener excedentes dirigidos en la demanda de mejores condiciones de vida… y conjuntamente con las organizaciones comunitarias, construyeron escuelas, pagaron maestros, electrificaron», cobrando a  su vez  un impuesto de ramaje a los cultivos de coca y secuestrando personajes como Ingrid Betancourt y contratistas de los EE. UU.

El proceso de Paz con la guerrilla de las FARC, firmado en 2016, propuso un capítulo de mejoramiento de la propiedad de la tierra y una política agraria para campesinos e indígenas, que ha sido una fuente para la reactivación del conflicto en Colombia, la sistemática matanza de líderes sociales reclamantes de la tierra acaparada por los paramilitares y los intentos del derechista gobierno de Iván Duque para debilitarlo y eliminar la justicia transicional pactada.

En eso estamos en Colombia, en medio de la pandemia del Coronavirus, las protestas sociales, la reactivación de la violencia y la incertidumbre de un próximo gobierno para el cual hay múltiples candidatos desconocidos, algunos de los cuales, son francamente fascistas y retrógrados, al estilo de Donald Trump en los EE. UU.

Crédito de imagen: DW

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