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Por Alejandro Ciliberti | Argentina

A simple vista, comenzar un espacio psicoterapéutico aparenta ser algo sencillo: el potencial paciente experimenta un problema o malestar, razón por la cual elige a un profesional de la salud mental para que éste alivie o asista con dicho sufrimiento. Luego del primer contacto (usualmente por teléfono) se pacta una entrevista presencial, durante la cual se empieza a discutir la razón por la que el sujeto asiste. Para el paciente, esto marca el inicio, siendo las subsiguientes entrevistas “el tratamiento”. Parece algo lógico, de sentido común. Sin embargo, muchas veces no hay una explicación detallada por parte del terapeuta  respecto de cuál es el diagnóstico con el que se maneja, en qué consiste ese tratamiento, por qué es necesario y las posibles alternativas terapéuticas disponibles. Vale entonces preguntarse: ¿a qué accede una persona cuando elige comenzar una psicoterapia?

La mayoría de los países del mundo cuentan con leyes para regular la práctica de los psicólogos. En Argentina, existe la  Ley 26.657, a la cual se denomina “Ley Nacional de Salud Mental”. Uno de sus puntos centrales hace referencia a los derechos de las personas con padecimiento mental. Entre ellos, se encuentra ser informado de manera adecuada de todo lo relacionado a su salud, tratamiento y opciones terapéuticas (Capítulo IV, inciso J) y el de ser tratado con la alternativa más conveniente que limite los menos posible sus derechos y libertades (Capítulo IV, inciso D). Ahora bien, ¿cómo se traslada este requerimiento legal a lo cotidiano del tratamiento? A través de algo llamado consentimiento informado.

El consentimiento informado es la expresión de la autorización que confiere el paciente al terapeuta para iniciar un tratamiento, luego de haber sido informado adecuadamente de las características de éste. Autores como Keegan (2007) consideran que el consentimiento es una forma de nivelar una relación que desde el inicio es desigual: el terapeuta es el que es consultado, el que maneja  la terapia  y el que dispone del saber. A través de explicar e informar  al paciente respecto de su diagnóstico, tratamiento y alternativas, el psicólogo colabora para que el paciente sea más autónomo y se involucre más en el proceso terapéutico.  En resumen, ayuda a una participación más rica, tanto para el paciente como para el profesional.

Además de tener beneficios clínicos, el consentimiento informado es una necesidad ética: ¿cómo se le puede pedir a una persona que inicie un proceso el cual involucra a  su salud mental sin que sepa cómo se va a proceder y qué puede esperar como resultado?

Según la  Organización Mundial de la Salud (2001), se  estima que un 25% de la población mundial desarrollará un problema mental grave en algún punto de su vida (y esto no incluye otras problemáticas  menos complejas  como problemas de pareja o vinculares con hijos). Teniendo en cuenta lo anterior,  propone a la educación (la concientización al público no profesional y a sus familias respecto de su padecimiento y sus consecuencias) como una de las estrategias para mejorar y promover la salud mental de la población mundial. Compartir información es la base del consentimiento informado, por lo que es sencillo ver cómo éste puede colaborar para mejorar cualquier tratamiento psicológico.

En conclusión, preguntar a su terapeuta e informarse respecto del tratamiento es un derecho y una obligación: ante cualquier duda, ¡pregunten!

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