La violencia en Colombia ha existido siempre, desde el inicio de la nacionalidad. Pues Colombia es un país fruto del colonialismo español, el marginamiento y la desigualdad, que se ha debatido persistentemente entre la paz y la guerra.
Contemporáneamente, la violencia tiene raíces en la pavorosa Guerra Civil de los Mil Días, entre años de 1899 y 1902, surgida como reacción a la época conservadora y teocrática de la Regeneración de Núñez (1885-1899), y se reinicia con fuerza al final de la hegemonía conservadora, hacia 1930, y, luego, desde 1946 hasta nuestra época.
La guerra, como referente, estuvo representada en la mitología por Ares o Ἄρης, un agente de la confusión y de la ira que impulsa la violencia y la fuerza bruta, mientras que la paz estuvo personificada por Irene o Ἐιρήνη, una de las tres Horas o ώρες, hijas de Zeus, el dios padre, y de Temis, la justicia divina, siendo sus hermanas Eunomia o Ευνομια y Dice o Δικη, quienes simbolizan la paz moral y el orden que trae la ley y la justicia, traducida en las horas del día, según la Teogonía de Hesíodo.
Así, en Colombia, el desorden social y la injusticia han desmoralizado lo justo y se ha impuesto por épocas la violencia, la confusión y la ira de Ares sobre la paz y mansedumbre de Irene, ya que la historia refiere que finalizada la guerra de los Mil días, durante el gobierno de Rafael Reyes (1906-1909), hubo un enfoque progresista inspirado, en parte, por el gobierno autoritario de Porfirio Díaz en México, y mediante las reformas de la Constitución de Núñez en 1910, durante el gobierno transitorio de González Valencia, cuando se superó parcialmente el autoritarismo y la exclusión política del Partido Liberal, perdedor de la guerra de los Mil Días.
Sin embargo, la retaliación contra los líderes liberales se tradujo en una serie de asesinatos que culminaron con la muerte a hachazos del jefe liberal Rafael Uribe en 1914, tendencia que ha continuado hasta el presente con el asesinato sistemático de guerrilleros desmovilizados y líderes sociales en varias épocas después de sucesivos Procesos de Paz.
Entre los años de 1930 y 1946, luego de la matanza de las bananeras, gobernaron los liberales, y hubo violencia de retaliación, para que luego de la caída del liberalismo, en 1946, reiniciase la violencia partidista, que culminó con el asesinato en 1948 del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que derivó en un levantamiento guerrillero general contra los gobiernos semifascistas y gremiales de Mariano Ospina y Laureano Gómez, quien intentó imponer una Constitución de corte falangista inspirada en el dictador español Francisco Franco, mediante una Asamblea Constituyente, lo que suscitó el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953 y la caída de Laureano Gómez.
En los siguientes meses, Rojas se hizo valorar como presidente por la Asamblea Constituyente de Gómez, incrementada por un grupo de liberales, y procedió a organizar, mediante pactos de «perdón y olvido», una dejación general de armas pertenecientes a los diferentes grupos guerrilleros existentes en los departamentos del Tolima, Antioquia, Huila, Santander y los Llanos, donde Guadalupe Salcedo, Eduardo Fonseca y Eduardo Franco se desmovilizaron en el año de 1953, ante el comandante de las Fuerzas Militares, Alfredo Duarte Blum, en Monterrey, Casanare, completando una desmovilización de «6.500 hombres, con 464 rifles, 74 carabinas, 18 ametralladoras, y dos morteros» comparable en número de combatientes a la desmovilización de las FARC en el año 2017.
Pero las campañas del ejército contra guerrilleros liberales o comunistas remanentes no cesaron, a tal punto que prepararon el levantamiento de Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda» o «Tirofijo», fundador de las FARC en los años de 1964, ya que hubo en el oriente del Tolima grandes campañas y abusos de las Fuerzas Militares contra la población civil, considerada subversiva y comunista, siendo asesinado el desmovilizado guerrillero tolimense Jacobo Prías Alape, alias «Charro Negro».
Con el tiempo, la mayor parte de los jefes guerrilleros, incluido Guadalupe Salcedo en 1957, fueron asesinados. Entonces, Tirofijo y su Columna de Marcha, futuras FARC, se reactivaron en 1960, en el sur del Tolima, emprendiendo una serie de colonizaciones armadas que darían vida, en los últimos años del gobierno de Rojas Pinilla y los primeros del Frente Nacional o gobierno compartido entre liberales y conservadores, a las llamadas «Repúblicas Independientes», en las montañas de Marquetalia al suroeste del Tolima donde se emplazó Tirofijo, en lugares del Meta, como las cuencas del río Duda, afluente del río Guayabero y aledaño a la población de Uribe, al igual que en inmediaciones del río Ariari, en Río Chiquito en el departamento del Cauca, en regiones del Huila y Caquetá, y en zonas de Cundinamarca, todas periféricas a los centros de poder, con emplazamientos campesinos y formas de colonización que los gobiernos no entendieron ni supieron asimilar como nuevos espacios sociales con economías colectivas, continuando así la guerra contra ellas.
Luego, después del Proceso de Paz de Belisario Betancur (1982-1986), entre los años 1985 y 1990, fueron asesinados varios miembros del Partido de la Unión Patriótica (UP), de desmovilizados de las FARC, entre ellos, dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, con lo que se continuó la guerra contra las FARC, pero ahora con el apoyo de paramilitares, quienes tomaron más de 700 municipios durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), dando lugar a la matanza de más de 6402 jóvenes inocentes recogidos por el ejército con engaños para asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate: los falsos positivos, denunciados hoy en día por Human Rights Watch y la ONU.
Y ahora, después del Proceso de Paz del presidente Juan Manuel Santos en 2017, continúa, como en el relato bíblico del Apocalipsis de san Juan con sus cuatro jinetes vengadores, el infierno del asesinato sistemático de líderes sociales que luchan por la devolución de las tierras que acapararon los paramilitares entre los años de 1980 y 2010, ambientalistas, profesores, indígenas y desmovilizados de las FARC, seguramente para desestimular la formación de partidos de tinte izquierdista que pongan en peligro la hegemonía de gamonales regionales y nacionales, apoyados por antiguos paramilitares, mientras que el gobierno derechista de Iván Duque (2018-2022), patrocinado por el uribismo, insiste en atribuir los crímenes solo al narcotráfico, y se halla empeñado en reiniciar las aspersiones de cultivos ilícitos por medio del glifosato, prohibido en varios países por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de los campesinos, y adicionalmente quiere desarticular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emanada del Proceso de Paz de 2017, centrada en desarrollar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual establece que quien confiese la verdad de su involucramiento en el conflicto y repare a las víctimas no va a ir a la cárcel.
*Imagen: Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Viktor Vasnetsov.
