El proceso de paz en Colombia con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), firmado en la Habana, Cuba, en 2016, debe prolongarse, puesto que en el actual Gobierno ha ido socavado, es decir, no se ha implementado de acuerdo con lo pactado, y desde el fin del anterior Gobierno, en 2018, el Estado no ocupó el espacio dejado por las FARC en muchos territorios, y esos espacios han venido siendo copados por otros grupos ilegales, apoyados por el narcotráfico, negocio extraordinariamente rentable que hoy cuenta con el «auspicio» del cártel de Sinaloa. Todo esto se da en un país sumido en la pobreza y el inconformismo, con un sector de población campesina paupérrima, cuya única fuente factible de sustento es la siembra de coca en regiones escondidas y periféricas, o el rebusque en las ciudades, lo que se complicó debido a la pandemia del COVID-19 en el año 2020, constituyendo, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la población más pobre, el 42,,5 % del total; la vulnerable, el 30,4 %; la de clase media y profesional el 25,4 %, que vive fundamentalmente en las ciudades del comercio minoritario del día a día, o del ejercicio técnico, artesanal, profesional o del comercio, del mes a mes, y las élites, el 1,7 % de la población, conformadas por las minorías privilegiadas y la alta burguesía, los dueños de grandes propiedades, la banca, las entidades financieras, los grandes constructores, las empresas agrícolas e industriales, los medios de comunicación (en su gran mayoría) y los potentes almacenes de cadena. Sabiendo que gran parte de esta riqueza se debe, directa o indirectamente, al auge del negocio del narcotráfico que lo sostiene y envuelve todo.
Es que, iniciándose el actual Gobierno de Iván Duque en 2018 —escogido, dirigido y coordinado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de extrema derecha y partidario de llevar la guerra contra las FARC hasta su aniquilamiento absoluto y de que no se conozca en detalle las causas y desarrollo del conflicto colombiano—, ya se había anunciado por voceros de su partido, el Centro Democrático, que se haría trizas el Acuerdo de Paz del presidente Juan Manuel Santos, y lo primero que hizo Duque fue suspender el Proceso de Paz con el grupo guerrillero, muy fuerte e histórico, del ELN, Ejército de Liberación Nacional, famoso porque, en él, militó y murió en sus filas el sacerdote Camilo Torres Restrepo, perteneciente a familias tradicionales de las élites y el «notablato» retrógrado y burgués de Colombia. Entonces, el ELN se dedicó a lo que siempre ha hecho, explotar el narcotráfico y hacer atentados contra las líneas de oleoductos en territorios periféricos a los centros de poder, en conjunto con grupos reciclados de exparamilitares, supuestamente desmovilizados en los Gobiernos de Álvaro Uribe y que fueron creados subrepticiamente como política de Estado para luchar contra las guerrillas, con el apoyo del expresidente Uribe, luego de la conformación de los grupos legales de las Convivir.
Muchas de estas formaciones ilegales ahora se han asociado con el cartel mexicano de Sinaloa y se hallan en algún tipo de acuerdo con el grupo de no-desmovilizados de las FARC, reorganizados también, iniciándose el Gobierno de Duque por Iván Márquez, uno de los negociadores de las FARC en la Habana, Cuba, quien pronto olió que el Proceso de Paz iba a ser traicionado al iniciarse las matanzas de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC e indígenas, desde 2016, y cuando se ha dado un hostigamiento a todas las actuaciones de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), entidad surgida del Acuerdo de Paz, de la cual es vocero y presidente el jurista Eduardo Cifuentes, quien recientemente denunció que, «tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 ha habido, 904 líderes sociales y 276 exmiembros de las FARC asesinados».
Se puede considerar que el actual partido gobernante, el Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe Vélez, es el resultado de un movimiento social apoyado por antiguos paramilitares involucrados en el narcotráfico, y por líderes y gamonales regionales y nacionales que los sostuvieron, movimiento que penetró en más de 700 municipios, de las 1122 entidades municipalizadas del país, causando terror y masacres para defenderse de las guerrillas de las FARC, unidos con sectores del notablato tradicional de las élites blanco-criollas que han campeado en Colombia, al igual que por gran parte de los dueños de los medios de producción a nivel nacional y regional, y por sectores del tradicional Partido Conservador e iglesias cristianas. La Iglesia católica, que en épocas pasadas se identificaba con ese partido, está hoy en día con los pobres y humildes, es partidaria del Acuerdo de Paz y es crítica del actual Gobierno, en medio de los paros, huelgas y manifestaciones que estallaron en Colombia desde el 29 de abril de 2021 para protestar contra una Reforma Tributaria que cargaba todos los impuestos, principalmente en la clase media, clase que vive precariamente y carece de suficiente ahorro y capital de trabajo, sobre todo, después del encierro de un año por la cuarentena contra la pandemia del COVID-19, cuando la economía está bloqueada, los comerciantes quebrados y el desempleo es general.
A la fecha se han causado muchas muertes y heridos por efecto principalmente de la brutalidad de la policía para reprimir a los manifestantes, hecho que fue denunciado por los principales medios de opinión mundial, congresistas de EE. UU., como Gregory Meeks y Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, el presidente de Argentina Alberto Fernández, la Unión Europea, Human Rights Watch, el papa Francisco, y por todos los movimientos sociales que se han despertado en la mayoría de las ciudades de Colombia.
El Gobierno accedió a retirar la Reforma y el ministro de Economía renunció, pero el paro siguió, puesto que se continuaron con los reclamos que se habían planteado desde el año 2019, pero que la pandemia había interrumpido, produciéndose así un paro y bloqueo camionero general sin antecedentes en el país, lo que produjo una escalada de violencia que se advierte en las continuas manifestaciones pacíficas que terminan en disturbios, en el enfrentamiento con la policía y en los reclamos sordos que no son contestados por las autoridades centrales, salvo con las muertes misteriosas en las noches, producidas por carros fantasmas con vidrios ahumados que disparan a los jóvenes y manifestantes, lo que ya dejó un saldo de 980 desaparecidos, 43 homicidio, y varios heridos (1106 civiles y 290 policías).
Pareciera que vamos hacia una dictadura de Derecha, puesto que el Gobierno no inició conversaciones con el Comité del Paro y los Sindicatos, sino hasta el lunes 10 de mayo, habiendo tenido reuniones con los partidos centristas de los liberales, los verdes y el Partido de la Esperanza, pero no con los voceros de los manifestantes ni con el principal partido de oposición de Izquierda, la Colombia Humana de Gustavo Petro, quien va adelante en las encuestas para las elecciones del año entrante.
La pregunta que cabe es: ¿hasta qué punto el Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y la extrema derecha aguantarán el empuje de la democracia de los jóvenes y de la calle, antes de declarar el estado de excepción asimilable a una dictadura?
Lo cierto es que, desde el martes 11 de mayo, el Gobierno se mostró más accesible y comprensible, aceptando aspectos importantes pedidos por los huelguistas, como la educación universitaria gratis para los estratos más pobres y el retiro de una reforma a la salud enfocada a privatizarla.
Y del futuro Gobierno, si no se obstruyen las elecciones, se debe esperar que se acepten todos los pedidos de los huelguistas, jóvenes y camioneros en paro, y se continúe y se profundice el Proceso de Paz con todos los grupos de paramilitares, con los no-desmovilizados de las FARC y el ELN, y con narcos y carteles e ilegales de todas las pelambreras, como ya se ha escuchado y propuesto como utopía. Es decir, se debe luchar por la implementación de una paz ideal en Colombia y en el mundo, tal como la mentada «paz perpetua» del filósofo Immanuel Kant, mediante un Gobierno federado mundial que bregue por el medio ambiente, el no fraking, el no uso del glifosato, la renta base para la población paupérrima, la implementación de leyes internacionales aceptadas por todos los países, la legalización de la droga de manera que sea adquirida por los Estados para su desarrollo industrial, en forma benéfica, y finalmente, que los narcodependientes sean tratados sistemáticamente como lo que son, unas personas que deben ser formuladas psicológica y médicamente, pues se trata de personas enfermas. Amén.
Crédito de imagen: elDiarioAr
